No paran transas en universidades públicas; suman irregularidades por $9 mil 887 millones

Instituciones estatales de educación superior transfirieron recursos a cuentas bancarias ajenas e hicieron remuneraciones injustificadas o indebidas a su personal, de acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 realizada por la ASF

Las universidades públicas del país mantienen una insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios que reciben.

De acuerdo con un análisis de la Cuenta Pública 2019, presentado ayer a diputados federales, estas instituciones tienen un monto observado por nueve mil 887.8 millones de pesos, es decir, son recursos cuyo gasto está pendiente de aclararse o que deben ser reintegrados a la Federación.

El informe, presentado por Emilio Barriga Delgado, auditor de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que de un billón 924 mil 475.4 millones de pesos fiscalizados, el monto observado para 2019 es de 29 mil 290.3 millones.

Las irregularidades detectadas a las universidades públicas, en la mayoría de los casos, se refieren a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las institucionales. Esta anomalía se observó en el 62% de los recursos observados de este sector, es decir, en seis mil 148 millones de pesos. En 16.8% de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

Universidades, sin comprobar 9 mil mdp

Las instituciones reportaron observaciones en más de 18 pesos por cada 100 ejercidos durante 2019.

El análisis que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ayer a los diputados sobre el gasto federalizado prende la alerta sobre la insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios de las universidades públicas, con un monto de dinero observado en la Cuenta Pública de 2019 de 9 mil 887.8 millones de pesos, una cantidad que representa el 18.6 por ciento de los recursos fiscalizados.

A diferencia de las dos reuniones de trabajo anteriores de los funcionarios de la ASF con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que se transmitieron en tiempo real en redes sociales y por en el Canal del Congreso, la de este martes se hizo de manera privada y semipresencial.

A iniciativa de la ASF, se repartió a través de Comunicación Social de San Lázaro el documento que al inicio del encuentro presentó a los legisladores el auditor de Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, el cual ascendió en 2019 a un billón 924,475.4 millones de pesos.

De ese total, el monto observado durante la fiscalización de ese año es de 29 mil 290.3 millones de pesos, de los cuales 11 mil 179.6 es de las participaciones federales a los gobiernos estatales.

El monto observado se compone de los montos por aclarar, así como de aquellos que fueron o deben ser reintegrados a la Federación durante la auditoría.

De las gráficas compartidas a los diputados, destaca la correspondiente al monto que se le observó a las universidades públicas, de 9 mil 887.8 millones de pesos, más de la sexta parte de los recursos revisados, cuando el promedio para el resto de los programas y rubros que fueron auditados es de 2.3 por ciento.

Es decir, mientras en el resto fueron observados dos pesos de cada 100, en el caso de las instituciones de educación superior la cifra es de más de 18 pesos por cada 100.

Esto significa que las casas de estudio reportan desorden en su administración interna, misma que se refleja en la falta de documentación suficiente de sus gastos, por lo que la ASF no ha tenido hasta ahora una comprobación satisfactoria de los recursos ejercidos en 2019.

En cuanto al desglose de los conceptos en los que fueron detectadas esas irregularidades, la mayoría de los casos se refiere a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las de las institucionales. Esta anomalía se observó en el caso del 62 por ciento de los recursos observados de este sector, es decir, en 6 mil 148 millones de pesos.

En el 16.8 por ciento de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó que hubo pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

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