Módulos, inviables para consulta; expertos opinan

Aseveran que sería ilegal y no hubo voluntad de la cámara de diputados para entregar recursos para organizarla; sin embargo, AFIRMAN que el INE tiene que estudiar todas las posibilidades

El escenario de poner casillas en los casi 900 módulos del INE para hacer la consulta popular sería “ineficaz”, “inviable” e “ilegal”, consideraron expertos electorales, luego que el INE estudia diversas alternativas ante la falta de recursos para organizar ese ejercicio de participación ciudadana.

Los exconsejeros del INE, Pamela San Martín y Javier Santiago, coincidieron en señalar, en entrevistas por separado, que utilizar los módulos no acercaría la consulta a la ciudadanía y no cumpliría con que los ciudadanos sean quienes recojan la participación de sus vecinas y vecinos, lo que vulneraría la garantía de confianza que nos hemos dado los mexicanos para la democracia directa.

Hay que señalar que en el país existen más de 2 mil 400 municipios, por lo que los casi 900 módulos del INE ni siquiera alcanzarían para tener un centro de participación en cada municipio del país.

El pasado 11 de febrero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntó que se estudiaban diversos mecanismos como instalar 104 mil casillas en lugar de 163 mil en todo el país, para bajar costos, pero mencionó que, en caso de no tener los recursos para eso, los casi 900 módulos del INE en todo el país podrían convertirse en centros de participación y los trabajadores del INE instalar las casillas y contabilizar los resultados.

Para el académico de la UAM Javier Santiago sería “ilegal”, pues “el fracaso de la votación estaría cantada” porque es un “ejercicio que nació muerto” ante la modificación de la pregunta por parte de la Suprema Corte, y la falta de “voluntad política” de la Cámara de Diputados para dar los recursos.”

En tanto, para la experta electoral Pamela San Martín, esta propuesta es “inviable”, pero es entendible que el INE tenga que explorar todas las posibilidades para lograr dar las garantías para que la ciudadanía ejerza su derecho, un derecho, que consideró, en esta primera consulta, no tendrá efectos claros de la voluntad de los ciudadanos, en los hechos.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto la controversia que interpuso el INE, ante la omisión de los diputados de aprobar los mil 500 millones de pesos que solicitó para realizar la consulta y, por otro lado, el INE busca allegarse de “algo” de esos recursos, mediante negociaciones, a fin de poder cumplir con su obligación de organizar la primera consulta popular en agosto de este año.

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