Regulación inmobiliaria; nueva iniciativa de ley sobre “lotes de oportunidad”

En la sesión plenaria de ayer en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa de ley para regular las ventas de “lotes de oportunidad”, y evitar que sigan sirviendo para defraudar a la gente, y se pidió que se someta a “Parlamento Abierto” para que los ayuntamientos y los mismos fraccionadores de vivienda participen y ayuden a enriquecerla.

“Si hay voluntad de mis compañeras y compañeros, aunque sea en nuestro último periodo extraordinario, por si no nos da tiempo en este ordinario, lo podemos sacar, lo importante es que no sigan estafando a la gente con estos lotes de oportunidad”, dijo Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, quien presentó esta iniciativa.

En asuntos generales Milagros Romero Bastarrachea, a nombre también de su compañera Silvia López Escoffié, como diputadas sin partido presentaron una reforma a la Constitución para garantizar que el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información en el Estado no sea reducido, no se le otorgue menos de lo que le entregaron el año inmediato anterior para garantizar su funcionamiento.

Respecto a la iniciativa para regular la venta de “lotes de oportunidad”, Cuevas Mena señaló que tal y como lo ofreció la semana pasada, ayer la presentó, y espera se socialice, que sea el principio para que entre todos, incluyendo las autoridades que tienen injerencia en este tema y los mismos fraccionadores a los que se les aplicaría, al igual que la sociedad, la conozcan, opinen y ayuden a enriquecerla.

Entre las reformas que proponen para evitar se sigan aprovechando de la gente, el legislador citó por ejemplo que las personas físicas o morales que obtengan autorización o licencia para lotificar, subdividir, fraccionar o unir un inmueble —“se tengan o no proyectadas obras de construcción”— deberán presentar a la autoridad catastral copia de la licencia o autorización otorgada por la autoridad competente “de cada uno de los lotes resultantes de la subdivisión, lotificación, fraccionamiento o condominio en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su expedición acompañado de planos y toda la documentación”.

También proponen que “los propietarios de fraccionamientos o condominios antes de celebrar contratos de compraventa, promesa de venta, venta con reserva de dominio o cualquier otro acto traslativo de dominio deberán cumplir con las disposiciones establecidas en este ordenamiento y demás leyes”.

Se advierte que “de no cumplirse con lo establecido, los fedatarios públicos no autorizarán las escrituras de los actos señalados anteriormente y las autoridades no las inscribirán…”, entre otras medidas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Cuevas Mena señaló que en la iniciativa se presentan varios aspectos que piden se pongan en un micrositio para que se trabaje con el parlamento abierto, y sea enriquecido por los demás involucrados en este tipo de operaciones.

Respecto a las reformas a la Constitución del Estado Milagros Romero explicó que siendo el Instituto de Acceso a la Información un órgano autónomo dotado de patrimonio propio para alcanzar sus objetivos, es preponderante que para cumplir sus fines requiera de un presupuesto fijo y a fin de llevar a cabo los mismos para el bienestar ciudadano.

La diputada recordó que, con el paso de los años la ciudadanía ha demostrado su interés en ejercer su derecho humano de acceso a la información pública adaptándose a los medios electrónicos.

“Esta iniciativa tiene como finalidad proponer que el presupuesto asignado al Instituto Estatal de Transparencia, sea suficiente y no sea reducido al asignado al año inmediato anterior, toda vez que dicha Institución juega un papel importante en nuestra sociedad como también lo realizan otros poderes del Estado, que además de proteger los datos personales en dominio de los sujetos obligados, fortalece la cultura ciudadana de hacer valer nuestro derecho a ser informados sobre que hacen otros entes gubernamentales”, dijo.

La legisladora añadió que la sociedad tiene derecho a saber cómo llevan a cabo sus objetivos las dependencias, en qué se gastan los recursos que les envían, si son destinados a proyectos sociales, entre otras cosas, toda vez que es obligación de los servidores públicos informar todas las acciones que lleven a cabo en su gestión.

“Como ciudadanos yucatecos es nuestro derecho constitucional ser informados y si estas solicitudes de información pública no son resueltas en tiempo y forma, podemos inconformarnos a través del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y tener la certeza que se nos dará resolución a las mismas, y para eso es necesario que cuenten con los recursos que garanticen el acceso a la información”, indicó.

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