Capacita Segob a 94 mil elementos navales de la Semar en materia de detenciones

La Secretaría de Gobernación, por medio de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia Penal, capacitó a mil 94 elementos navales de la Secretaría de Marina (Semar), a fin de fortalecer los conocimientos en el actuar como primera autoridad con funciones de seguridad pública para realizar una detención ante un hecho probablemente constitutivo de un delito, con lo que se busca fortalecer el Sistema de Justicia Penal en el país, que es una prioridad para esta Secretaría y para la agenda pública de este gobierno.

Durante la clausura del curso, Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, enfatizó que el actuar del primer respondiente es clave para el Sistema de Justicia Penal, al ser la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención, a quien le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios para realizar con estricto apego a derechos humanos las detenciones en caso de flagrancia.

En la capacitación ‘El ABC de las detenciones’, estuvo presente Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, quien mencionó que el propósito de este curso es fortalecer los conocimientos de los elementos, de tal manera que se respeten los procesos legales de los primeros respondientes ante un posible delito y puedan apegarse a los principios constitucionales que aseguran los derechos de las probables personas imputadas, así como un debido proceso.

Por su parte, Benito Galeana Abarca, subjefe administrativo del Estado Mayor General de la Armada de la Semar, en representación del secretario de Marina, enfatizó que la profesionalización constante es una prioridad en temas torales como la protección de los derechos humanos.

Las ponencias impartidas en este curso corrieron a cargo de especialistas del Sistema de Justicia Penal de todo el país, como jueces federales y locales; secretarios de Gobierno; procuradores generales de Justicia; personas servidoras públicas adscritas a instituciones de seguridad pública; la academia, barras y colegios de abogados, así como organizaciones de la sociedad civil.

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